La oficina del partido Patria, liderado por la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko, fue registrada este miércoles en Kiev por investigadores de los organismos anticorrupción del país. El procedimiento se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la compra de votos en el parlamento, según informaron las autoridades.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAP) señalaron que la investigación gira en torno a una transacción considerada sospechosa, relacionada con el jefe de un grupo parlamentario. De acuerdo con la información oficial, el caso apunta a un posible intento de influir en el comportamiento de voto de legisladores de otras facciones mediante incentivos económicos.

Desde el entorno de Tymoshenko, la operación fue duramente cuestionada. La dirigente calificó el registro como desproporcionado y denunció que el edificio fue intervenido por un amplio despliegue de agentes armados. En declaraciones públicas, describió el operativo como una acción de alto impacto mediático y lo definió como una “campaña de relaciones públicas”. Tymoshenko rechazó de forma categórica las acusaciones.

“No tengo nada que ocultar”, afirmó, asegurando que las imputaciones carecen de fundamento y que está dispuesta a que se esclarezcan los hechos de manera transparente. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron teléfonos móviles, documentos parlamentarios y dinero en efectivo, descrito por la defensa como ahorros personales.

Las autoridades señalaron que el principal sospechoso del caso podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión, aunque subrayaron que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que no se han emitido condenas ni imputaciones definitivas. Yulia Tymoshenko, de 64 años, es una de las figuras políticas más reconocidas de Ucrania. Su partido Patria lidera actualmente la tercera facción más grande del parlamento, con 25 diputados, y forma parte de la oposición dentro de la actual legislatura.

El caso se desarrolla en un contexto político sensible, marcado por una fuerte vigilancia sobre la integridad de las instituciones y el funcionamiento del parlamento ucraniano. Las autoridades anticorrupción han reiterado que las investigaciones se llevan a cabo conforme a la ley y bajo supervisión judicial. Mientras el proceso avanza, el principio de presunción de inocencia sigue vigente, y se espera que las conclusiones oficiales determinen si existen responsabilidades penales o si las acusaciones quedan descartadas.