En Irán, las autoridades han dado un paso significativo al permitir oficialmente que las mujeres obtengan licencias para conducir motocicletas y scooters. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el primer vicepresidente del país, Mohammad Reza Aref, y supone un cambio concreto en una práctica que durante años se mantuvo en una zona legal ambigua.
Aunque la legislación iraní nunca prohibió de manera explícita que las mujeres condujeran motocicletas, en la práctica no se les concedían permisos de conducción. Esta situación dejaba a muchas mujeres en una posición de vulnerabilidad legal, especialmente en caso de accidentes de tránsito. Debido a esa falta de reconocimiento oficial, las mujeres involucradas en incidentes viales podían enfrentar procesos judiciales incluso cuando no eran responsables del hecho, al no contar con una licencia válida. La nueva resolución busca corregir esa situación y establecer un marco claro.
El documento firmado obliga a la policía de tráfico a ofrecer formación vial a mujeres interesadas en conducir motocicletas y scooters. Asimismo, las autoridades deberán habilitar exámenes teóricos y prácticos en igualdad de condiciones que para los hombres. En los últimos meses, la presencia de mujeres conduciendo motocicletas y scooters en las calles iraníes había aumentado de manera visible, a pesar de las restricciones administrativas.
El nuevo marco legal reconoce una realidad que ya se estaba desarrollando en la práctica. Las autoridades han presentado la medida como un ajuste administrativo orientado a ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial. No se trata de una reforma legislativa amplia, sino de una resolución ejecutiva que clarifica criterios existentes. El anuncio se produce en un contexto social complejo para el país. En los últimos meses, Irán ha atravesado una ola de protestas iniciadas por el deterioro de la situación económica, que posteriormente derivaron en manifestaciones de carácter más amplio contra el gobierno.
Estas protestas fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, más de 3.000 personas murieron durante los disturbios, y las autoridades sostienen que una parte significativa de las víctimas pertenecía a fuerzas de seguridad o a civiles afectados por acciones calificadas como terroristas.
Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, han cuestionado esas cifras y estiman un número considerablemente mayor de fallecidos, además de decenas de miles de personas detenidas durante los operativos de control y represión. En este escenario, la decisión de permitir a las mujeres acceder legalmente a licencias para motocicletas introduce un cambio concreto en la vida cotidiana, cuyo impacto social y político será observado de cerca tanto dentro como fuera del país.
