
A medida que Venezuela entra en una etapa posterior a Maduro, en Washington se ha instalado la idea de que China y Rusia serán gradualmente desplazadas del país. El razonamiento parece simple: con el poder estadounidense reassertado y un liderazgo interino en Caracas, los rivales extranjeros deberían perder influencia. En la práctica, esta lectura subestima cuán profundamente están incrustados Pekín y Moscú en Venezuela y malinterpreta la forma en que se adaptarán al nuevo escenario.
Ni China ni Rusia se están preparando para una retirada limpia. Lo que se avecina no es una salida, sino un reajuste estratégico. Ambos países están dejando atrás la confrontación abierta para avanzar hacia una acomodación silenciosa, centrada menos en la influencia política y más en la protección de intereses concretos. La posición de China es la más estructuralmente consolidada. Durante las últimas dos décadas, Pekín se convirtió en el principal socio económico extranjero de Venezuela, especialmente en el sector energético.
Empresas estatales chinas como Sinopec y CNPC mantienen participaciones clave en el crudo venezolano, mientras que China ya dispone de refinerías adaptadas específicamente para procesarlo. Más allá del petróleo, China otorgó cerca de 60.000 millones de dólares en préstamos oficiales de gobierno a gobierno, con una exposición total que se aproxima a los 100.000 millones cuando se incluyen inversiones más amplias. Gran parte de ese financiamiento fue estructurado bajo esquemas de petróleo por deuda, atando directamente el repago a los envíos de crudo.
Aunque Nicolás Maduro logró reducir parte de esa deuda antes de su salida, Venezuela aún debe a China al menos 10.000 millones de dólares, y posiblemente más. La cifra exacta sigue siendo incierta tras años de escasa transparencia y el impacto de las sanciones. Lo que sí resulta evidente es la prioridad de Pekín: ya no se trata de ideología ni alineamientos políticos, sino de recuperar capital y asegurar suministros a largo plazo. De forma paradójica, los esfuerzos de Estados Unidos por estabilizar el sector petrolero venezolano podrían facilitar ese objetivo.
El presidente Donald Trump ha indicado que las exportaciones de crudo continuarán hacia compradores existentes, incluida China. Si la supervisión estadounidense logra restaurar la producción y las exportaciones, Pekín podría finalmente recuperar parte de lo que se le adeuda. Para China, la estabilidad bajo predominio estadounidense es preferible al caos prolongado que impide cualquier repago. La huella china en Venezuela también se extiende más allá del petróleo.
Empresas como Huawei y ZTE están integradas desde hace años en la infraestructura de telecomunicaciones del país, conformando un entramado difícil de desmontar sin generar disrupciones significativas. Incluso un gobierno alineado con Washington enfrentaría límites prácticos para revertir esa presencia en el corto plazo. La posición de Rusia es más acotada, pero no menos estratégica. Moscú concentra su influencia en cooperación militar, suministro de armamento y alianzas energéticas, áreas en las que puede reducir visibilidad sin abandonar intereses.
En lugar de confrontar directamente a Estados Unidos, Rusia parece dispuesta a mantener una presencia discreta orientada a preservar activos y opciones futuras. En definitiva, el escenario post-Maduro difícilmente produzca un reinicio geopolítico limpio. Lo que emerge es una realidad más compleja: Estados Unidos recupera protagonismo en la cima del sistema, mientras China y Rusia se adaptan silenciosamente por debajo, ancladas no en ideología, sino en deuda, infraestructura y cálculos estratégicos de largo plazo.



