El estado de Minnesota presentó una demanda contra la administración del presidente estadounidense Donald Trump tras un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el que una conductora murió por disparos de un agente federal en Minneapolis. La acción legal fue anunciada luego de una serie de operativos migratorios que, según las autoridades estatales, han generado preocupación en materia de seguridad pública.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que el aumento de la presencia de agentes federales en el estado ha tenido un impacto negativo. Durante una conferencia de prensa, sostuvo que la llegada de funcionarios de ICE en los últimos días “nos ha hecho menos seguros” y explicó que la demanda busca frenar lo que describió como una intensificación de las acciones migratorias en el territorio estatal.

Ellison calificó las operaciones federales como una “intervención” del gobierno central y denunció el despliegue de miles de agentes armados en comunidades locales. Según el fiscal general, el estado considera que estas acciones vulneran principios constitucionales y exceden las competencias federales en su forma de aplicación. El caso cobró especial relevancia tras el tiroteo ocurrido el miércoles pasado en Minneapolis, donde una conductora identificada como Renee Good murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo.

El incidente provocó protestas en distintas ciudades del país y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en procedimientos migratorios. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que el estado de Minnesota ha sido objeto de una atención particular por parte del gobierno federal debido a su liderazgo demócrata. Frey sostuvo que, si el objetivo principal fuera localizar a personas en situación migratoria irregular, otras regiones del país presentarían una mayor concentración de casos.

Desde la administración federal, el hecho fue descrito de manera distinta. Autoridades del gobierno del presidente Trump indicaron que la agente actuó en defensa propia y calificaron a la conductora fallecida como una amenaza. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció además el envío de cientos de agentes federales adicionales a Minneapolis ante las protestas generadas tras el incidente. La demanda presentada por Minnesota no es un caso aislado.

El estado de Illinois, también gobernado por demócratas, anunció una acción legal similar contra el gobierno federal, argumentando preocupaciones comparables respecto a la aplicación de la política migratoria.

El caso ahora se encamina a un proceso judicial que deberá determinar si las acciones del gobierno federal y de los agentes involucrados se ajustaron a la ley. Mientras tanto, el debate entre autoridades estatales y federales continúa, en un contexto de creciente tensión política en torno a la aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos.