
La policía británica llevó a cabo el sábado uno de los arrestos masivos más grandes de los últimos años, deteniendo a alrededor de 425 manifestantes en el centro de Londres durante protestas en apoyo al recientemente prohibido grupo Palestine Action. La manifestación comenzó de manera pacífica en Parliament Square, pero rápidamente derivó en enfrentamientos cuando los agentes intentaron dispersar a la multitud.
Los oficiales denunciaron haber recibido golpes de puño, patadas, escupitajos y objetos arrojados, mientras que los manifestantes acusaron a las autoridades de emplear tácticas excesivamente duras. El gobierno prohibió a Palestine Action a principios de este año bajo la legislación antiterrorista, argumentando que el grupo representaba una amenaza para la seguridad pública después de incidentes en los que activistas irrumpieron en bases de la Real Fuerza Aérea y dañaron aeronaves militares.
El grupo también ha llevado a cabo acciones de alto perfil contra empresas de defensa en el Reino Unido que suministran armas a Israel, acusándolas de ser cómplices en el conflicto de Gaza.
Los críticos sostienen que la prohibición es una extralimitación que amenaza el derecho a la protesta, y varias organizaciones de derechos humanos han condenado la medida como desproporcionada. Afirman que, aunque algunos miembros pueden haber incurrido en actos ilegales, ilegalizar a todo el grupo corre el riesgo de silenciar voces legítimas que exigen rendición de cuentas en la política exterior británica.
Los políticos permanecen divididos: ministros del gobierno elogiaron la actuación policial como necesaria para mantener el orden, mientras que parlamentarios de la oposición expresaron su preocupación por la erosión de las libertades civiles.
Expertos legales sugieren que los arrestos podrían desencadenar prolongadas batallas judiciales, con interrogantes sobre si apoyar a un grupo prohibido constituye automáticamente un acto delictivo.
Para muchos ciudadanos, el incidente refleja las crecientes tensiones en Gran Bretaña en torno a la guerra en Gaza y el papel del país en el suministro de armas a Israel. Con cientos de personas enfrentando cargos y activistas que prometen continuar sus acciones, el conflicto entre manifestantes y autoridades no muestra señales de disminuir.