La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este fin de semana tras la interceptación de nuevos buques vinculados al transporte de crudo venezolano, en el marco del bloqueo naval impulsado por Washington. El sábado fue intervenido el superpetrolero Centuries y, este domingo, el turno correspondió al buque Bella 1, propiedad de una empresa registrada en Panamá y con bandera de Guyana, cuando maniobraba para aproximarse a las costas venezolanas.
De acuerdo con información oficial estadounidense, fuerzas navales de Estados Unidos abordaron la embarcación como parte de una operación destinada a hacer cumplir el régimen de sanciones vigente contra el sector energético venezolano. Las autoridades estadounidenses sostienen que el Bella 1 figura en la lista de buques sancionados por el Departamento del Tesoro y que su actividad estaría vinculada a mecanismos utilizados para evadir restricciones internacionales.
En ese contexto, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump reiteraron que la estrategia de presión económica contra el gobierno de Nicolás Maduro se mantendrá activa, con el objetivo declarado de forzar cambios políticos y recuperar activos considerados ilegítimamente apropiados. Desde Washington se insiste en que estas medidas buscan frenar actividades ilícitas asociadas al tráfico de petróleo, drogas y redes financieras irregulares en la región.
La Casa Blanca también ofreció detalles sobre la incautación previa del Centuries, un superpetrolero que transportaba cerca de 1,9 millones de barriles de crudo venezolano y cuyo destino final era China. Según la versión oficial estadounidense, el cargamento pertenecía a la estatal Petróleos de Venezuela, sometida a sanciones internacionales, y el buque operaba bajo una presunta estructura de ocultamiento de propiedad y bandera.
Washington sostiene que estas operaciones forman parte de lo que denomina una “flota fantasma”, utilizada para sostener financieramente al gobierno venezolano al margen de las restricciones vigentes. Días antes, otro petrolero, el Skipper, había sido decomisado cuando transportaba crudo con destino a Cuba. En ese caso, las autoridades confirmaron que la tripulación estaba compuesta por ciudadanos rusos y que la embarcación también figuraba en los registros de sanciones. Estos episodios consecutivos reflejan una intensificación de las acciones de control marítimo en el Caribe y el Atlántico occidental, una región clave para el comercio energético y la geopolítica hemisférica.
Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó enérgicamente las intervenciones, calificándolas como actos de “incautación ilegal” y denunciando la supuesta retención de tripulaciones en aguas internacionales. Las autoridades chavistas sostienen que se trata de una violación del derecho internacional y han anunciado que llevarán el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde esperan exponer su posición y recabar apoyo diplomático. En paralelo, organizaciones de derechos humanos han vuelto a señalar la delicada situación política interna del país, en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
En medio de este escenario, el gobierno de Irán expresó su respaldo político a Venezuela y manifestó su disposición a coordinar acciones frente a lo que considera actos de piratería y presión internacional. Según fuentes oficiales, buques venezolanos intentaron escoltar al Centuries hasta aguas internacionales, aunque esa protección no evitó su posterior intervención cerca de Barbados, lo que añadió un componente regional al conflicto.
El episodio pone de relieve la creciente complejidad del pulso geopolítico en torno a Venezuela, donde sanciones, seguridad marítima y diplomacia internacional se entrelazan en un escenario altamente sensible. Mientras Washington defiende sus acciones como parte de una estrategia de seguridad y cumplimiento de sanciones, Caracas denuncia una escalada que, a su juicio, amenaza la soberanía y profundiza la confrontación política en el ámbito internacional.
