Un jurado en Phoenix, Arizona, ordenó a la empresa de transporte Uber pagar 8,5 millones de dólares en un caso de agresión sexual cometida por uno de sus conductores, en un fallo que podría tener amplias repercusiones legales. El veredicto marca el primer juicio resuelto dentro de un conjunto de más de 3.000 demandas similares que se tramitan en un tribunal federal de Estados Unidos.
El caso fue seleccionado como un proceso piloto, conocido en el sistema judicial estadounidense como bellwether, cuyo objetivo es evaluar los argumentos legales y orientar el valor potencial de futuras indemnizaciones o acuerdos. La decisión del jurado podría influir en el rumbo del resto de los litigios pendientes. Durante el juicio, los jurados concluyeron que el conductor involucrado actuaba como representante de Uber en el momento del delito, lo que convirtió a la empresa en responsable civil de sus acciones. Este punto fue central, ya que la defensa de Uber ha sostenido durante años que los conductores son trabajadores independientes y no empleados.
El jurado concedió a la demandante 8,5 millones de dólares en concepto de daños compensatorios, pero rechazó otorgar daños punitivos. Aun así, el fallo fue considerado significativo por los abogados de la parte demandante, al establecer un precedente sobre la responsabilidad de la empresa. Tras conocerse el veredicto, la abogada de la demandante sostuvo que el caso evidencia una priorización del crecimiento y las ganancias por encima de la seguridad de los usuarios. Según su postura, la empresa no habría adoptado medidas suficientes para prevenir este tipo de agresiones.
Uber, por su parte, reiteró que no puede ser considerada legalmente responsable por delitos cometidos por conductores que no forman parte de su plantilla laboral. Un portavoz de la compañía anunció que apelarán la decisión judicial. El debate sobre si los conductores deben ser considerados empleados o contratistas independientes sigue siendo uno de los ejes centrales del modelo de negocio de las plataformas de transporte.
Este fallo reaviva esa discusión en el ámbito judicial. Más allá del monto económico, el veredicto coloca el foco en la seguridad de los pasajeros y en el alcance de la responsabilidad corporativa. Para el sistema judicial, el caso podría convertirse en una referencia clave para futuras decisiones relacionadas con plataformas digitales y delitos cometidos en el ejercicio de sus servicios.
