La Unión Europea ha puesto de nuevo la lupa sobre Google al sospechar que el gigante estadounidense de Internet podría estar perjudicando de forma ilegal a los medios de comunicación y a los editores en sus resultados de búsqueda. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal para investigar si una de las políticas de la compañía —según la cual se rebaja la visibilidad de contenidos multimedia cuando las páginas incluyen cierto tipo de contenido comercial de terceros— está afectando a la posición de los portales informativos en la Búsqueda de Google.
La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, advirtió que preocupa especialmente que estas directrices puedan impedir que los editores de noticias reciban un trato justo, adecuado y no discriminatorio en un momento en que la industria ya atraviesa una situación económica delicada y depende cada vez más del tráfico digital para sostener sus ingresos.
El foco de la investigación se centra en si Google está aplicando condiciones de acceso verdaderamente justas, razonables y no discriminatorias para los sitios web de medios en su buscador, tal como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. Bruselas sospecha que, bajo la llamada “Política de abuso de reputación del sitio”, la empresa podría estar interfiriendo con una práctica habitual y legítima mediante la cual muchos editores monetizan sus contenidos asociándose con terceros. Según Google, esa política busca evitar intentos de manipular las clasificaciones de búsqueda, pero el monitoreo de la Comisión ha detectado indicios de que la degradación de enlaces y contenidos podría estar limitando la libertad empresarial de los editores, frenando su capacidad de innovación y entorpeciendo acuerdos comerciales esenciales para su supervivencia.
La investigación también evaluará hasta qué punto estas decisiones algorítmicas afectan al pluralismo informativo y a la competencia en el mercado publicitario digital. La apertura del expediente no implica todavía que se haya probado una infracción, pero la Comisión quiere cerrar el caso en un plazo máximo de doce meses. Si finalmente concluye que Google incumplió la normativa, la compañía se expone a multas de hasta el diez por ciento de su facturación anual mundial, y en caso de reincidencia la sanción podría llegar al veinte por ciento, además de medidas estructurales más drásticas, como la posible obligación de separar algunas líneas de negocio.
No sería la primera vez que Bruselas actúa con firmeza: desde 2018, el grupo Alphabet ya ha recibido varias multas por prácticas anticompetitivas que suman alrededor de ocho mil millones de euros, incluida una sanción récord ligada a su sistema operativo Android. Ahora, el nuevo procedimiento no solo abre otro frente para Google en Europa, sino que vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el poder de las grandes plataformas tecnológicas y la supervivencia económica de los medios que producen la información.
