Una resolución adoptada este lunes ha desatado un intenso debate en la comunidad internacional: las políticas y acciones de Israel en la Franja de Gaza cumplen con la definición legal de genocidio según lo estipulado en la Convención de la ONU de 1948 para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 

El documento recuerda que, conforme a este tratado, genocidio son aquellos crímenes cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.

La resolución, de carácter simbólico pero con fuerte peso político, sostiene que la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 ha tenido como resultado una destrucción masiva de vidas y condiciones de existencia de la población palestina. Según cifras locales, más de 63.000 personas han muerto desde el inicio de las operaciones militares, aunque esas cifras no han podido ser verificadas de manera independiente.

Para los autores de la resolución, la magnitud de la devastación va más allá de la legítima defensa y configura un patrón que encaja en la definición de genocidio reconocida por Naciones Unidas. La organización islamista palestina Hamas acogió con entusiasmo el pronunciamiento. “Esta respetada postura científica corrobora la evidencia documentada y los hechos presentados en los tribunales internacionales”, declaró Ismail al-Thawabta, director de la oficina de medios del gobierno de Hamas en Gaza.

Para la organización, la resolución respalda sus constantes denuncias de que Israel busca aniquilar sistemáticamente a la población palestina del enclave costero. Israel, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones de genocidio. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu argumenta que su campaña militar constituye un ejercicio legítimo de defensa propia tras la masacre y los secuestros cometidos por Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, un ataque que dejó 1.219 muertos y más de 250 rehenes.

Para Israel, los daños en Gaza son consecuencia directa de la estrategia de Hamas de operar entre la población civil y utilizar infraestructuras urbanas para fines militares. La resolución también subraya que los crímenes de Hamas cometidos en Israel ese mismo día, incluyendo asesinatos masivos y secuestros, constituyen igualmente violaciones del derecho internacional humanitario. De esta forma, el texto busca reconocer tanto la responsabilidad israelí por el impacto de su ofensiva en Gaza, como los crímenes iniciales perpetrados por Hamas.

Actualmente, Israel enfrenta una demanda por genocidio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, interpuesta por Sudáfrica y respaldada por varios países. El proceso judicial podría durar años, pero ha puesto en entredicho la legitimidad internacional de la ofensiva israelí. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y las víctimas continúan aumentando, con un panorama humanitario devastador que mantiene dividida a la comunidad internacional entre acusaciones de crímenes atroces y defensas basadas en el derecho a la seguridad nacional.