Las autoridades federales de salud en Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para frenar el uso descontrolado de productos que contienen derivados del kratom, una planta originaria del sudeste asiático cuyos compuestos activos han generado creciente preocupación por su potencial adictivo.

En particular, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha recomendado que el compuesto 7-hidroximitraginina (7‑OH) sea clasificado como una sustancia controlada de tipo I, lo que lo colocaría en la misma categoría legal que la heroína, el LSD y otras drogas de alto riesgo y sin valor médico reconocido.

Esta medida responde a una oleada de reportes sobre efectos secundarios graves, dependencia y sobredosis relacionadas con productos energéticos, suplementos y gomitas que contienen este potente ingrediente.

El 7‑OH es un metabolito del mitraginina, el principal alcaloide presente en el kratom, y ha demostrado tener una potencia analgésica comparable —o incluso superior— a la de la morfina. Aunque algunos defensores del kratom argumentan que puede ofrecer beneficios para aliviar el dolor o reducir la ansiedad de manera natural, la comunidad científica y los reguladores alertan que su uso sin control médico puede derivar en consecuencias graves para la salud pública.

De hecho, algunos consumidores han reportado síntomas de abstinencia, vómitos, pérdida de conciencia y, en casos extremos, incluso la muerte. La recomendación de la FDA ha sido enviada a la Administración para el Control de Drogas (DEA), que tendrá la decisión final sobre si se prohíbe o se regula con mayor severidad la venta y distribución de estos productos.

Si se aprueba esta clasificación, las empresas que comercializan productos con 7‑OH tendrían que cesar su distribución de inmediato o enfrentar sanciones legales. La industria de suplementos dietéticos ha reaccionado con inquietud ante la medida, alegando que la inclusión del kratom en la lista de sustancias controladas podría restringir el acceso a miles de consumidores que lo utilizan de manera regular.

No obstante, las autoridades sanitarias insisten en que el objetivo no es criminalizar el consumo, sino proteger a la población de sustancias que están ingresando al mercado sin suficiente respaldo clínico ni regulatorio. En medio de un contexto nacional donde la crisis de los opioides continúa cobrando miles de vidas al año, la regulación del kratom se ha convertido en un tema central del debate sobre cómo equilibrar el acceso a tratamientos alternativos con la responsabilidad de proteger la salud colectiva.