Un reciente informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) reveló la existencia de miles de pagos de asistencia para alquiler que podrían haber sido emitidos de manera irregular dentro de programas financiados con fondos públicos. El documento, correspondiente al año fiscal 2025, forma parte de una revisión interna destinada a evaluar la correcta administración de recursos destinados a sectores vulnerables de la población. Según el informe, el análisis detectó más de 30.000 casos en los que beneficiarios fallecidos figuraban como receptores activos de ayuda o habrían recibido pagos después de su fallecimiento.
Estas situaciones se habrían registrado en los 50 estados del país, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación más amplia para determinar el alcance real del problema. El proceso de revisión se realizó mediante sistemas automatizados que compararon bases de datos del Tesoro de Estados Unidos con los registros internos del HUD. Este cruce de información permitió identificar posibles inconsistencias relacionadas con la verificación de elegibilidad y el seguimiento de los beneficiarios dentro de los programas de asistencia para el alquiler.
Además de los casos vinculados a personas fallecidas, el informe también menciona la existencia de pagos que podrían haber sido otorgados sin una validación completa del estatus de algunos beneficiarios, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la distribución de fondos federales. Durante el año fiscal 2024, el HUD distribuyó aproximadamente 50.000 millones de dólares en asistencia federal para el alquiler a entidades no federales.
De ese total, una parte fue catalogada como potencialmente problemática y quedó sujeta a revisión, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente la existencia de fraude o irregularidades penales. Las autoridades señalaron que el departamento continuará con las investigaciones para confirmar los hechos y determinar si corresponde pausar, revocar financiamiento o avanzar con acciones administrativas o judiciales. El objetivo declarado es reforzar la integridad de los programas de asistencia y asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a las personas y comunidades para las que fueron creados.
