La Fiscalía de España ha decidido archivar la investigación relacionada con el cantante Julio Iglesias, de 82 años, al concluir que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer el caso. Según la resolución, los hechos denunciados no habrían ocurrido en territorio español y las personas denunciantes residen fuera del país. Las denuncias fueron presentadas por dos mujeres de nacionalidad dominicana que trabajaron en propiedades del artista en el Caribe.

Ambas afirmaron haber vivido situaciones de abuso y un entorno laboral marcado por presión y control durante el año 2021. La Fiscalía subrayó que la decisión de archivar el caso no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino exclusivamente la competencia legal del sistema judicial español. De acuerdo con el criterio fiscal, al no haberse producido los hechos en España ni encontrarse las denunciantes en territorio español, el caso no puede ser instruido por los tribunales del país.

Esta limitación jurídica impide avanzar en el procedimiento dentro de esa jurisdicción concreta. Julio Iglesias ha rechazado de manera categórica las acusaciones. En un comunicado difundido recientemente, el cantante expresó su “profunda tristeza” por las denuncias y negó haber cometido cualquier tipo de abuso, coerción o maltrato. Afirmó además que las acusaciones son falsas y que afectan gravemente a su honor personal. El artista sostuvo que siempre ha mantenido una conducta respetuosa con las personas que trabajaron para él y reiteró su disposición a colaborar con la justicia en los ámbitos donde corresponda.

Hasta el momento, no se han anunciado nuevas acciones legales en otros países. Desde el entorno jurídico, se recuerda que el archivo por falta de jurisdicción no equivale a una sentencia sobre culpabilidad o inocencia, sino que responde exclusivamente a criterios de competencia territorial establecidos por la ley. El caso ha generado atención mediática debido a la relevancia pública del artista y a la naturaleza de las acusaciones, reabriendo el debate sobre los límites jurisdiccionales y el tratamiento legal de denuncias presentadas en distintos países.

Por ahora, el procedimiento queda cerrado en España, sin perjuicio de que las partes puedan explorar otras vías legales en jurisdicciones que consideren competentes, de acuerdo con la legislación internacional vigente.